En «Cien años de soledad», Gabriel García Márquez relata un evento histórico que marcó a Colombia: la Masacre de las Bananeras de 1928. Una huelga masiva de trabajadores de la United Fruit Company, reprimida violentamente por el Ejército Nacional, dejó más de mil muertos.

Casi un siglo después, el 10 de junio pasado, un tribunal estadounidense declaró a Chiquita Brands responsable de financiar asesinatos cometidos por paramilitares en Colombia entre 1997 y 2004. Chiquita Brands, sucesora de la United Fruit Company, es una de las mayores empresas bananeras del mundo. Durante su operación en Colombia, adquirió enorme poder económico y político, involucrándose en explotación laboral, financiamiento a grupos paramilitares, tráfico de armas y manipulación política.

En 2007, Chiquita admitió haber pagado $1.7 millones a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar responsable de miles de crímenes. La empresa alegó que estos pagos fueron hechos bajo amenaza, pero las investigaciones revelaron que sus directivos estaban al tanto de las consecuencias violentas.

En junio de 2024, un jurado en Florida ordenó a Chiquita pagar $38.3 millones a las familias de ocho víctimas asesinadas por las AUC.

Este fallo es histórico, ya que es la primera vez que una gran empresa estadounidense es declarada responsable por violaciones de derechos humanos en el extranjero, sentando un importante precedente y subrayando la necesidad de acceso a la justicia para las víctimas de abusos corporativos.

Es crucial que desde la juventud defendamos estos derechos, asegurando que las empresas sean responsables por sus acciones y que las víctimas reciban la justicia que merecen. Solo a través de la acción colectiva podemos construir un futuro más justo y equitativo.